Después de 13 años el Tribunal Constitucional ha rechazado la ponencia que declaraba inconstitucional la “Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo”, y ha pedido una nueva ponencia.
Esta decisión permitirá entender el aborto como un derecho, declarando constitucional que haya seres humanos que no tienen derechos, y avalando de este modo una ley ideológica, anticientífica y que promueve la desigualdad.
